22/6/2012

La minería española del carbón está subvencionada desde el siglo XIX

Las minas españolas del carbón tienen un problema estructural: son deficitarias en su inmensa mayoría y estarían condenadas al cierre sin el auxilio del Estado. Por razones geológicas, el carbón nacional no fue jamás competitivo y ya desde el XIX fue por ello un sector abanderado del secular proteccionismo español. La polémica sobre el carbón nacional y las consecuencias para el desarrollo mercantil español tienen un siglo de existencia.
Desde finales del siglo XIX y primer tercio del XX, por razones de capacidad energética, presencia de cenizas y volátiles, fragmentación del mineral y escasa potencia de sus capas, entre otras, ha hecho que el carbón español resulte mucho más caro que el británico pero no solo en origen sino también en destino y una vez desembarcado este en cualquiera de los puertos españoles.
Ya en 1935, el economista Román Perpiñá Grau planteó con crudeza en un famoso Memorándum los perjuicios que el ultra proteccionismo de las minas estaba suponiendo para los sectores más competitivos del país. Los mineros y sus dirigentes patronales y sindicales defienden y se aferran desde entonces a la continuidad de las explotaciones por razones territoriales y sociales, aunque también existan criterios energéticos y económicos.
No tiene sentido que España sostenga actividades en las que nunca serán capaces de competir en costes, abundancia y calidad. España es altamente importadora de carbón internacional: el país adquiere en el exterior entre 16 y 20 millones de toneladas anuales frente a una producción autóctona de unos 8,5 millones. Lo mismo ocurre en Europa, tras décadas de desmantelamiento: la UE produce aún 130 millones de toneladas, pero importa en torno a 160 millones.
La UE ha prohibido a partir de 2018 las ayudas a las minas no competitivas Los empresarios españoles aseveran que, de los 5.000 millones de toneladas que se extraen en el mundo, el grueso se consume “in situ” y que solo quedan 600 millones disponibles para el comercio internacional. Los mineros replican a las críticas por su dependencia de las ayudas estatales contraatacando con las muy superiores primas que reciben las energías renovables y también otros sectores. Sin embargo, muchos economistas diferencian entre el impulso temporal para lanzar nuevas tecnologías para aprovechar fuentes de energía no contaminantes y con posibilidades de proyección en el exterior y, a la inversa, el sostenimiento a perpetuidad de explotaciones mineras que siempre han precisado de ayudas para poder sobrevivir.
La empresa pública del Estado, Hunosa, que llegó a emplear en Asturias a 26.000 trabajadores y que ahora tiene unos 1.800 empleados, se pone siempre como ejemplo de irracionalidad económica, aunque haya cumplido y cumpla una relevante función social: jamás ha tenido beneficios y no ha salido de sus pérdidas perpetuas ni aun después de haber reducido su empleo y capacidad en casi el 94% desde la década de los años 80 del pasado siglo XX.
Hace tres años, ya en plena crisis económica general, el presidente de la eléctrica Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, denunció que el carbón español estaba recibiendo una ayuda pública de 90 euros por tonelada, cuando en el mercado internacional el mineral cotizaba a 50 euros por tonelada.
Pero, a la inversa, empresarios y trabajadores del sector y los políticos locales de todos los partidos, unidos en la defensa del carbón, defienden el sostenimiento de una “reserva estratégica” de producción autóctona como garantía de suministro y como margen de “soberanía” energética nacional. Y argumentan que, como consecuencia de sus sucesivos planes de ajuste, el conjunto de las minas cada vez consumen menos recursos públicos. Aunque esto se refiere solo a las ayudas directas a la explotación. Porque no ocurre lo mismo con las medidas de acompañamiento y las prejubilaciones, que han ido acrecentándose a medida que el sector reducía su tamaño.

Fuente: Diario El País.com