La Comisión Europea comprueba que el camino que tenía previsto para la liberalización de las plantaciones de viñedo en 2016, no va a ser sencillo. Hasta la fecha Bruselas se mantenía firme en su propuesta de suprimir los derechos de plantación el 1 de enero de 2016, salvo excepciones, que podrían disponer de prórroga hasta 2018.

La presión de países como España, Francia, Italia, Alemania, Chipre, Luxemburgo, Hungría, Austria, Portugal, Rumanía, entre otros, han hecho mella en la habitual firmeza de la Comisión. En este caso parece que los argumentos, además de bastante unánimes, han sido consistentes.

En el mercado europeo, donde los vinos de calidad se gestionan a través de consejos reguladores de denominaciones de origen, el poder incrementar de forma indiscriminada la oferta de estos vinos, iría en contra de la línea actual de contención de la oferta y control de calidad. Los consejos reguladores, al menos buena parte de los que tienen un importante potencial productivo, basan su estrategia en producir menos pero con más calidad. Esto les permite mantener un cierto desahogo en este mercado, en el que cada vez existe una más fuerte competencia internacional, y en donde los vinos de mesa han sufrido mucho los excesos de producción y la acumulación de stocks.

La Comisión se ha dado cuenta del alto riesgo de su planteamiento y busca una salida digna que le permita mantener la filosofía de su planteamiento inicial. Al igual que en otros mercados agrarios, se basa en desarmar los sistemas regulatorios de producción e ir poco a poco liberalizándolos. En el caso del vino, afirma que un régimen temporal no se puede convertir en indefinido. La cuestión es, si un sistema funciona, mayoritariamente el sector está satisfecho y no tiene coste para las arcas públicas, ¿por qué hay que cambiarlo, aunque naciera temporal?

La pregunta que se debería hacer Bruselas es, ¿funciona lo que tenemos? Ahora se plantea un modelo mixto en el que se dejaría en manos de los consejos reguladores o de las organizaciones interprofesionales la decisión sobre estos derechos, es decir, sobre la superficie de viñedo en producción, siendo cuestionable que decisiones de intervención, como es la limitación de producción de uva, deje de estar regulado por criterios homogéneos establecidos por la administración, y pase a depender de la discrecionalidad de diferentes organizaciones no públicas.

Entre tanto, la Comisión Europea sigue perdiendo tiempo y recursos con el debate demagógico sobre la publicación o no de los beneficiarios de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). Se ha planteado un debate en el que, en último término, se pretende señalar con el dedo a aquellas personas o empresas agrarias que reciben mucho dinero de la PAC.

Fuente: Hoy.es