El estancamiento de la actividad minera que se observa en el país en los últimos años se debe a la mayor intervención del Ejecutivo en el sector, políticas públicas erráticas -a pesar de que el Estado controla las dos terceras partes del mismo- y a un evidente retraso en el ámbito tecnológico. Además, a ello se suma la falta de inversión en el sector minero por más de 10 años, lo que dificulta revertir la tendencia de dicha caída.
También es manifiesta la gran dificultad para conseguir estadísticas en organismos gubernamentales y es público y notorio como muchos profesionales, técnicos e ingenieros de geología y minería de aquilatada experiencia han abandonado el ente público que regula esta actividad.
Por último, ha sido necesario recurrir a la importación para satisfacer las necesidades internas de productos que antes se explotaban localmente y hasta se exportaban, debido a la merma de la producción minera en el país como ocurre con la cal y el asfalto, agravándose aún más la situación con el incremento de la demanda para la construcción de viviendas por parte del Gobierno.
Hay grandes y potentes yacimientos minerales, pero hasta la fecha solo se ha conferido importancia estratégica a los hidrocarburos como fuente principal de ingresos. Países como Bolivia, Chile, Perú y otros han podido vivir de la extracción minera durante años repercutiendo muy positivamente el resto de los sectores de sus economías.
Venezuela está llamada al desarrollo de la minería para ubicarse en una posición vanguardista que le proporcione un desarrollo integral y sostenible. Para ello debe evitar las expropiaciones e invitar a inversionistas de acreditada solvencia a participar en la actividad, más aún cuando gran parte del territorio es mineralmente rico, en especial el estado Bolívar.
Es imperativo establecer proyectos sostenibles, económica y socialmente para lograr un desarrollo armonioso, no solo llamado a cubrir la sustentabilidad económica, sino también la ecológica y la social. Para lograr una minería sostenible debe eliminarse la práctica ilegal de esta actividad, por el terrible perjuicio que causa al medioambiente y las lesiones que provoca al erario público y a la recaudación fiscal.
Con el fin de enfrentar los nuevos desafíos del sector minero, el Estado, las empresas y la sociedad deben trabajar de manera conjunta con objetivos comunes, bajo los enfoques de responsabilidad social y desarrollo compartido y reducir los conflictos generados principalmente por la falta de transparencia, comunicación e información oportuna.
Además, se deben formar profesionales y técnicos cualificados en las nuevas exigencias laborales y normativas. Los trabajos de gestión minera sostenible deben ir desde el manejo de la minería artesanal, pasando por el control de información de operaciones, toma de decisiones, utilización de métodos numéricos, hasta la aplicación de programas de reingeniería de las operaciones, que conduzcan a la mejora tecnológica y de gestión de la actividad.
El Estado debe hacer cumplir la legislación reguladora de la actividad minera para minimizar lo más posible los daños ambientales y fomentar el avance social y económico, para alcanzar un verdadero desarrollo minero sostenible y el reposicionamiento del país en su verdadero potencial minero.