Tanto Extremadura como Valencia han presentado sus alegaciones contra la propuesta del Consejo Regulador de la DOP Cava, cuya decisión final tendrá que adoptar el MAPAMA al tratarse de una DOP de ámbito supra autonómico (siete comunidades autónomas) cuya resolución definitiva se espera sea adoptada a mediados del mes de diciembre para su publicación definitiva en el BOE.
Como han manifestado los municipios y administraciones autonómicas de Extremadura y Valencia, si la resolución final que se adopte les perjudica y frena su crecimiento podrían volver a los tribunales de justicia como ya ocurrió hace 30 años con una bodega valenciana.
En efecto, sin ánimo de exhaustividad, pero para una mejor comprensión y ponderación de las circunstancias concurrentes, los antecedentes de la DOP Cava son los siguientes:
1.- La Orden de 27 de febrero de 1986, del entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, estableció la reserva de la denominación del “Cava” para los vinos espumosos de calidad elaborados por el método tradicional en la región que se determina.
2.- La precitada Orden delimitó la zona de lo que consideraba “Cava”, pretiriendo a los municipios de Almendralejo y Requena que, en consecuencia, al no pertenecer a la DOP Cava, no gozaban de la garantía y protección de la institución con las consecuencias negativas que se derivaban de tal exclusión.
3.- Después de un largo proceso judicialinstado por la Sociedad Cooperativa Limitada “Torre Oria”, cuyos responsables son hoy los propietarios de “Pago de Tharsys” y “Dominio de la Vega”, para conseguir la autorización necesaria para producir cava bajo dicha denominación, el Tribunal Supremo anuló y dejó sin ningún valor ni efecto la exclusión de la sociedad recurrente para continuar produciendo cava, con todas las menciones y garantías legales, y con su derecho a la inscripción en el Registro de empresas elaboradoras de Cava.
Aquí y ahora, con este escenario “llueve sobre mojado” pues no es la primera vez que el Consejo Regulador trata de restringir, frenar o limitar la superficie de viñedo destinada a la producción de este vino espumoso. En efecto, en el pasado mes de enero de 2017, el MAPAMA rechazó una solicitud de la DOP Cava que pretendía ya limitar el crecimiento de nuevas plantaciones de viñedo destinado a la producción de uva para elaborar cava. Entonces, el departamento ministerial cuyo titular es Isabel García Tejerina rechazó la solicitud de restricción. En estos momentos, según algunas fuentes políticas y periodísticas, la situación es diferente debido al abierto proceso soberanista.
La DOP Cava es una denominación de origen española para la regulación y el control de la elaboración de vino espumoso de calidad, obtenido mediante la realización de una segunda fermentación alcohólica, en botella, del vino base, y cumpliendo “el método tradicional”, debiendo permanecer, al menos, nueve meses en contacto con las lías y en la misma botella en la que tuvo lugar la segunda fermentación.
El cava puede ser blanco o rosado y se extiende por la zona geográfica comprendida por siete Comunidades Autónomas: Cataluña, Valencia, Aragón, La Rioja, País Vasco, Navarra y Extremadura, integrada por 157 municipios distribuidos provincialmente con el desglose siguiente: Álava 3, Badajoz 1, Barcelona 63, Gerona 5, La Rioja 18, Lérida 11, Navarra 2, Tarragona 51, Valencia 1 y Zaragoza 2.
La DOP Cava es la primera denominación de origen exportadora de España, encontrándose posicionada en más de 120 países de todo el mundo, con un volumen de 157,2 millones de botellas y con una comercialización total de 245 millones de botellas. Respecto a la superficie de viñedo cultivada, del total de casi 36.000 hectáreas, 29.000 se sitúan en Cataluña, 4.000 en Requena, 1.400 en Almendralejo y el resto entre Navarra, Aragón, La Rioja y País Vasco.
Con respecto a Cataluña, cuya cuota de superficie representa más del 90 % del total, las demás comunidades resultan poco significativas pero, no cabe desconocer, la evidente y declarada trayectoria al alza de los últimos años, y que tanto Extremadura como Valencia tienen un importante potencial que no desean ver frenado o limitado en su crecimiento por motivos que, a su juicio, obedecen más a cuestiones e intereses proteccionistas que no técnicos. Mientras, con los argumentos y alegaciones de todas las partes sobre la mesa, todo hace prever que la solución del MAPAMA llegará antes de las elecciones catalanas.