Tan solo se han aprobado algunas medidas dispersas y aisladas referidas a bonificaciones respecto al alquiler de viviendas en zonas rurales, subvenciones para instalación de cable de cobre que no fibra óptica…….Sin embargo, era necesario, y posible, por razones de urgencia e inaplazable necesidad,tomar la iniciativa e impulso desde la AGE para aprobar un conjunto de medidas de choque en el ámbito sanitario, educativo, de seguridad y protección efectiva de personas y bienes, servicios sociales, transportes, tributarias, vivienda, seguridad social, de empleo, etcétera, que ni tan siquiera se han puesto “sobre la mesa” y se han presentado públicamente.
Y de ello se colige, por una parte, una palmaria falta de determinación y voluntad política y, por otra, de ineficacia, ineficiencia y procastinación, se reitera, de las dos titulares del Comisionado y, fundamentalmente, de los dos gobiernos del PP y PSOE que las han sustentado, en especial del PP durante los 17 meses que estuvo en el Gobierno de la Nación desde enero de 2017 hasta junio de 2018. Al final, cuando ya no quede nadie en los pueblos, se pondrán en marcha el conjunto de las medidas en desarrollo de La Estrategia.
El Gobierno de la Nación ha manifestado que las directrices plantean una Estrategia de carácter global y transversal, desde una perspectiva multidisciplinar, centrando la Estrategia en las tres cuestiones demográficas acordadas en la Conferencia de Presidentes: despoblación, envejecimiento y efectos de la población flotante. Aquí la Conferencia de Presidentes Autonómicos tampoco se ha esmerado mucho pues esas tres cuestiones demográficas ya se recogían de forma expresa y literal en el artículo uno del Real Decreto 40/2017, de 27 de enero.
También manifiesta el Gobierno que los ministerios (son 17 actualmente) incorporan a las directrices de La Estrategia 80 medidas, referidas a jóvenes, mujeres, atención a la población rural, emprendedores, turismo, implantación de la Administración en el territorio o actividad económica.
A mayor abundamiento, y en todo caso, después de 26 meses, un total de 80 medidas cuyo contenido no se ha hecho público hasta la fecha, con una media de 4,71 medidas por departamento ministerial, en una Administración General del Estado con el número, formación y preparación de empleados públicos de todos los órdenes y ámbitos no parece, desde luego, un gran logro, tomando en consideración, los hitos y
el tiempo que todavía resta en el devenir procedimental hasta la puesta en marcha efectiva de las mismas.
Los siete objetivos transversales que han trascendido, son los siguientes:
-Garantizar una plena conectividad territorial, con una adecuada cobertura de internet de banda ancha y de telefonía móvil en todo el territorio, de acuerdo con la Agenda Digital Europea 2020.
-Asegurar una apropiada prestación de servicios básicos a toda la población en condiciones de equidad, adaptada a las características de cada territorio.
-Incorporar el impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de leyes, planes y programas de inversión, favoreciendo la redistribución territorial en favor de una mayor cohesión social.
- Avanzar en la simplificación normativa y administrativa para los pequeños municipios, con el fin de facilitar la gestión de los ayuntamientos.
- Eliminar los estereotipos y poner en valor la imagen y la reputación de los territorios más afectados por los riesgos demográficos.
- Mejorar los mecanismos para una mayor colaboración público-privada, potenciando la incorporación de los factores demográficos en la responsabilidad social del sector privado, para convertir todos los territorios, sin exclusiones, en escenarios de oportunidades.
- Alinear las líneas de acción y los propósitos de la Estrategia con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030.
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